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Iniciado en 2017, el Protocolo es el resultado de la labor coordinada entre todas las áreas competentes del Ayuntamiento y Osakidetza, Educación, Ertzaintza y movimiento asociativo. Como resultado, un modelo de actuación consensuado y coordinado que marca un antes y un después respecto al “modus operandi” con que Arrigorriaga ha hecho frente a esta problemática hasta el momento.

A nivel del propio Ayuntamiento han tomado parte los Servicios Sociales con sus diversos programas, Servicio social de base, Atención psicológica, Orientación jurídica a mujeres y Equipo preventivo, educativo y mediador; así como la Policía municipal, y el área de Igualdad, promotora y coordinadora de la iniciativa.

En cuanto al resto de instituciones, se han dado cita la Ertzainetxea de Galdakao, la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao y la Delegación territorial de Educación de Gobierno vasco.
El Protocolo se aplicará en los casos de violencia contra las mujeres o violencia sexista, que incluye la violencia de género, violencia doméstica y agresiones sexuales contra las mujeres (Ley vasca 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres).

La duración inicial del acuerdo es de cuatro años, que podrán ser prorrogados a otros cuatro más, por acuerdo de las partes.

A partir de un diagnóstico previo, que permitió conocer la situación de las mujeres y de los recursos sociales para su atención, este Protocolo tiene la virtud de armonizar, en beneficio de la atención a las víctimas, los diversos protocolos ya existentes en cada una de las entidades que lo suscriben.

En el propio acuerdo de las partes se incluye la creación de dos mesas de trabajo; una Mesa de coordinación interinstitucional, formada por el personal técnico que interviene con las mujeres víctimas de este tipo de violencia y que tendrá como responsabilidad dar seguimiento y responder ante las instancias políticas, técnicas y ciudadanas implicadas, para la ejecución del Protocolo. Y una Mesa de coordinación intramunicipal que continúe asegurando la adecuada coordinación de los servicios municipales.

Entre los principios de actuación de las personas profesionales y entidades firmantes del Protocolo, se recogen: la asistencia integral y personalizada a las víctimas; la defensa del interés de las y los menores de edad, el empoderamiento y mínima victimización de las mujeres y la reparación de las víctimas o supervivientes. Este último principio implica la garantía de que se realizará un relato digno y sin fisuras que dignifique a las mujeres supervivientes, asegurando el reconocimiento de sus vivencias y de las raíces que esta violencia tiene en nuestras estructuras sociales.